Los aspectos técnicos y jurídicos vinculados con la investigación de los accidentes de aviación es uno de los capítulos más complejo del Derecho Aeronáutico.
El artículo tiene por finalidad indagar en qué consiste una investigación técnica, cuáles son las consecuencias jurídicas que de ello pueden derivarse y sobre la conveniencia, o no, de proteger la información colectada.
El presente capítulo está dividido en cuatro partes. Comienza con una breve reseña histórica y contextual de aquellos desarrollos científicos que condujeron al nacimiento de la Ingeniería Aeronáutica y por ende del Derecho Aeronáutico, para luego pasar revista de la ubicación curricular del Derecho Aeronáutico en el plan de estudios de las universidades argentinas y de algunas otras sudamericanas y europeas.
El abordaje de las estrategias didácticas empleadas para la enseñanza de esta asignatura es desarrollado en la tercera parte, en tanto que la cuarta y última muestra los resultados de una encuesta permanente, realizada al final de cada curso, entre los alumnos que tomaron la materia entre los años 2000 y 2009.
El 22 de junio fue publicada en el Boletín Oficial la ley 26.102. El objeto del trabajo es fundamentalmente exegético, lo que supone hacer un análisis crítico de cada uno de sus artículos.
El objetivo de la ley es establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Seguridad Aeroportuaria (art. 2), entendiéndose por tal el conjunto de acciones tendientes a resguardar y garantizar la seguridad interior en el ámbito jurisdiccional aeroportuario, a través de la prevención, conjuración e investigación de los delitos e infracciones que no están previstos en el Código Aeronáutico (art. 3).
Su ámbito de aplicación en razón del espacio se extiende a los aeropuertos y aeródromos integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos –SNA- (primer párrafo del art. 5), en tanto que su ámbito de aplicación en razón de las personas comprende a toda persona física o jurídica, pública o privada, que ingrese al aeropuerto o aeródromo y/o haga uso de las instalaciones aeroportuarias, de los servicios brindados dentro del aeropuerto o que tenga cualquier tipo de relación directa o indirecta con la actividad aeroportuaria, aeronáutica o no aeronáutica desarrollada en el mismo (tales como tripulación, pasajeros, usuarios, empleados y prestadores de servicios).
Carente de la belleza y coherencia jurídica del Convenio de Varsovia de 1929 y el Protocolo de La Haya de 1955, el presente trabajo es un análisis crítico del variopinto sistema de responsabilidad instituido por el Convenio de Montreal de 1999, que combina responsabilidades objetivas con subjetivas, cuantitativamente limitadas e integrales (bajo ciertas condiciones) y hasta inclusive con límites cuantitativos infranqueables.
Nos proponemos a través de este trabajo responder a la pregunta de si es satisfactorio el régimen jurídico vigente que regula el trabajo aéreo.
Para responderla hacemos una descripción de las diferentes aplicaciones agroaéreas así como del uso de plaguicidas y sus efectos adversos sobre el entorno.
El régimen de inscripción de hipotecas sobre motores se justifica en su fácil individualización, similar a la de las aeronaves, y en el elevado valor económico que poseen, por lo cual coincide plenamente con los requisitos del principio de especialidad consagrados en el derecho hipotecario.
La materia del trabajo aéreo es sustancial para los países con la estructura económica de Argentina. Dentro del mismo, el contrato de aeroaplicación es la figura jurídica más relevante. Por ello el artículo analiza la responsabilidad ante terceros superficiarios derivados de daños ambientales producidos por productos químicos. Se analiza el tipo de responsabilidad, la jurisdicción aplicable y la jurisprudencia comparada.