Resumen
La polémica en torno al avión presidencial continúa, a juzgar por la permanencia del tema en la prensa y en las redes sociales. Sin embargo, el eje de atención ha cambiado.
Ya no se habla tanto de lo evidente (el innecesario sobrevuelo a baja altura realizado el 25 de mayo pasado por el Boeing 757-256 matrícula ARG-01 sobre el eje de pista del Aeroparque Jorge Newbery) sino de la autoridad competente para investigar el caso y, eventualmente, tomar algún tipo de medida disciplinaria (si es que correspondiera aplicar algún correctivo ejemplificante a los pilotos Juan Pablo Pinto y Leonardo Luis Barone).
El asunto ha dado lugar a dos investigaciones en curso, una de oficio a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil (anunciada el 27 de mayo de 2023) y otra a cargo de la Secretaría General de la Presidencia (anunciada el 2 de junio de 2023). Al parecer esta última fue exigida por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de la Procuración General de la Nación.
El asunto ha devenido tan serio como complejo, pues el avión presidencial parece estar en una suerte de limbo jurídico donde aparentemente vale todo y donde nadie se atreve a meterse por temor reverencial, por obsecuencia o simplemente por mutismo cómplice. Sin embargo, el tema no es un tabú y el avión presidencial tampoco está en un limbo.
