«Allianz Ras Argentina S.A. de Seguros Generales c/ Panalpina Airfreight Inc. y otros»

2º instancia.- Buenos Aires, marzo 4 de 2003.-

El Dr. Recondo dijo: 1.- Panalpina Airfreight Inc. emitió la guía (h) n. 838723 (ver fs. 27) cubriendo el transporte de 6 bultos que, pesando 257 kgs. bruto, contenían equipos de comunicaciones marca «Motorola». Empero, el traslado efectivo del cargamento fue asumido por la empresa Millon Air, quien lo depositó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el 25/4/1993 (conf. «Actas de Condición» ns. 220388 y 216534). Ingresada la carga transportada al amparo de la guía madre nro. 034-20132862, de Miami, a los almacenes de EDCADASSA en la indicada fecha, se dejó constancia -con la participación de un representante del transportista aéreo (ver «Actas de Condición» citadas)- que los 73 bultos ingresaron en su totalidad observados por «mala condición» (embalaje roto, deficiente, con diferencia de cintas y distinto peso).

Efectuada la desconsolidación, se constató que los 6 bultos de la guía (h) n. 838723 -alcanzados, como todos, por la nota de M/C- arrojaron un faltante de 156 unidades de receptores «Motorola», tasadas por el experto -utilizando el llamado método indirecto- en la cantidad de U$S 46.365,81 (fs. 252/254vta.). La aseguradora, en cumplimiento del contrato que la ligaba al consignatario, le abonó por esa pérdida la suma de U$S 32.780,78 (v. peritación contable de fs. 267) y, subrogándose en sus derechos por el mérito del pago (art. 80 de la Ley de Seguros), promovió la demanda de autos por recupero de ese importe y sus accesorios contra Panalpina (en su carácter de transportista contractual) y contra Millon Air (como transportador delegado), pidiendo su condena solidaria, en los términos del art. 153 del Código Aeronáutico.

La demanda fue resistida por ambas emplazadas (Panalpina, a través de su agente local, a fs. 56/59, y Millon Air a fs. 69/73 vta.), quienes, tras una cerrada negativa de los hechos invocados por la contraparte, opusieron como defensa la falta de la protesta que prevé el art. 26 de la Convención de Varsovia de 1929, aplicable en el sub examen toda vez que ese ordenamiento fue ratificado por la Argentina y los EE.UU. de Norteamérica, nación esta última que no hizo lo propio con el Protocolo de La Haya de 1955 (la aplicabilidad del texto de Varsovia, en estos supuestos, fue decidido por la sala en la causa 2281 del 28/10/1983). Panalpina, además, negó la autenticidad como así también la recepción de toda documentación adjuntada con el escrito de inicio a excepción de la guía aérea(h) n. 838723 -emitida por su representada-.

Asimismo, el agente de esa co-demandada sostuvo que la verificación conjunta de la mercadería -materializada en el acta que lleva fecha 4/5/1993- le es inoponible, toda vez que no fue convocado a dicho acto.

Ambas accionadas cuestionaron, asimismo, el valor asignado al supuesto faltante e invocaron el límite de responsabilidad establecido en el art. 22, inc. 2, del texto internacional.

En los términos que anteceden, sustancialmente, se conformó la relación procesal integrada por la demanda de fs. 36/38 y las contestaciones de fs. 56/59 y fs. 69/73 vta. Y no me extiendo en mayores detalles, habida razón de que el a quo formuló una extensa reseña de esos escritos en las tres primeras carillas de su sentencia, de manera que resultaría superfluo reiterar otros aspectos menores, cuya incidencia en la solución del conflicto habremos de ver, si ése fuera el caso.

2.- El Magistrado, en el pronunciamiento de fs. 378/384, juzgó que con el acta de revisación bilateral labrada en las dependencias de EDCADASSA -cuya constancia en fotocopia luce a fs. 32- cabía tener por efectuada la protesta que establece el art. 26, inc. 2, del Convenio de Varsovia de 1929. En tales condiciones, el Magistrado señaló que dicho requisito quedaba satisfecho con el acto de verificación y revisación conjunta de la mercadería desde que a través de esos actos el transportista habría dispuesto de la posibilidad de munirse de los elementos que le permitirían una adecuada defensa de sus derechos, con lo cual queda cumplida la finalidad de la protesta y no se produce, por tanto, la caducidad del derecho del consignatario.

Sentado ello, meritando que la totalidad de la mercadería ingresó a los depósitos fiscales en «mala condición», sin que el transportista hubiese acreditado alguna causal exculpatoria de su responsabilidad, juzgó que ésta se hallaba comprometida y determinó el faltante por el que en autos debía responder cotejando los datos de la factura comercial de origen (conf. fs. 180/188 -asimismo ver también fs. 231/244-) -integrante del despacho aduanero y por tanto dotada de valor probatorio- con los emanados del peritaje producido a fs. 252/254 vta., de donde surgía una merma de 156 receptores «Motorola», del modelo individualizado en la mencionada factura comercial.

Tras esas consideraciones, el Juez recordó los principios que rigen la indemnización en estos transportes y, en función de ellos, hizo lugar a la demanda por la suma reclamada de U$S 38.780,79 «siempre que no supere el límite de responsabilidad fijado en el art. 22 de la Convención de Varsovia» (conf. fs. 383 ab initio), con más intereses a tasa activa BNA y con costas (art. 68, párr. 1, del CPCCN).

3.- La sentencia fue apelada por las dos co-demandadas (conf. fs. 387 y fs. 390). Millon Air expresó agravios a fs. 411/412 vta., más el recurso de Panalpina quedó desierto (conf. proveído de fs. 413, párr. 3); a su turno la actora hizo lo propio a fs. 416/419. Median, además, recursos que se vinculan con las regulaciones de honorarios (ver fs. 390, 393, 394, 396 y 402), los que serán estudiados a la finalización del presente acuerdo.

4.- Es harto dudoso que la pieza que luce a fs. 411/412 vta., que en buena medida desinterpreta lo resuelto por el a quo, cumpla con los requisitos de fundamentación exigidos por el art. 265 del CPCCN. Ello no obstante, siguiendo el criterio amplio que esta sala profesa -desde antiguo- para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios por entender que él armoniza con un escrupuloso respeto del derecho de defensa en juicio, me inclino por habilitar la instancia de revisión (conf. causas: 5003 del 5/4/1977; 5539 del 12/8/1977 y 21211/96 del 7/11/1996, entre otras).

5.- Entrando a conocer de las quejas que propone la transportista aérea Millon Air, me ocuparé en primer término del tema sustancial de la responsabilidad, que a juicio de la recurrente dicha atribución deviene improcedente, en razón de que el Juez -en su oportunidad- no tuvo en cuenta las inscripciones -supuestamente- añadidas con posterioridad a la suscripción del acta de revisación bilateral.

El agravio es infundado.

En efecto, no resulta ocioso recordar que el transportista aéreo (también el marítimo y el terrestre) asume frente a su contraparte una obligación de resultado: entregar en destino las cosas cargadas en el mismo estado en que las recibiera según la guía (conocimiento o carta de porte) -en este caso, sin observaciones -conforme surge de fs. 66- (conf. Cosentino, E. T., Régimen jurídico del transportador aéreo, Buenos Aires, 1986, p. 71/72; Alterini, A.-Ameal, O.-López Cabana, R., Derecho de las obligaciones civiles y comerciales, Bs. As. 1995, ps. 1218/1219).

Y en las obligaciones de resultado, la mera evidencia del incumplimiento hace presumir la culpa del deudor, salvo la prueba en contrario que incumbe a él aportar (conf. Llambias, J.J., «Tratado de derecho civil, obligaciones», 2ª ed., t. I, ps. 171/172; Bustamante Alsina, J., «Teoría general de la responsabilidad civil», 5ª ed., nro. 825/826; Alterini, A.; Ameal, O.; López Cabana, R., ob. cit., ps. 1213/1220). Tal es lo que, precisamente, surge del art. 20, inc. 1, de la Convención de Varsovia de 1929, en tanto establece que «el transportador no será responsable si prueba que él y sus representantes adoptaron todas las medidas necesarias para evitar el daño o que les fue imposible adoptarlas». Y en ese sentido es jurisprudencia reiterada de este tribunal que se presume iuris tantum la responsabilidad del porteador por los daños ocurridos a la carga en ocasión del transporte (conf. esta sala, causas: 20639/95 del 2/2/1996; 5667/93 del 10/4/1997; sala 1ª, causa 1220 del 11/9/1990, entre otras).

Examinadas las constancias de la causa a la luz de estos principios, y no habiéndose probado -pues, dado el desistimiento decretado de oficio a fs. 361 párr. 1, respecto de la pericial caligráfica (ofrecida por la recurrente a fs. 309vta.)- que el acta de revisación conjunta adolecía de los vicios que la descalificaban como documento válido, resulta palmariamente que la queja en cuestión es improcedente, pues de acuerdo con los términos que surgen de dicho instrumento, ninguna duda puede caber de que, al término del viaje existió un faltante, verificado por el agente liquidador de seguros, por el guarda aduanero y por un representante de la compañía de aviación.

5.- El segundo agravio consiste en la afirmación de la transportista de que recibió en origen 73 bultos pesando 3544,2 kgs. y que entregó en destino, si bien en mala condición por embalaje roto, deficiente y con diferentes cintas (conf. actas de condición 216534 y 220388 cuyos originales se encuentran reservados en un sobre y que en este acto tengo a la vista), los 73 bultos con un peso superior al recibido: 3550,70 kgs. (conf. informe pericial de fs. 252/254 vta.).

Tales extremos son ciertos (conf. guía aérea (m) de fs. 66 e informes de EDCADASSA de fs. 245 y 338).

Sin embargo, no basta ello, en las circunstancias del caso, para ser eximida de responsabilidad, como trataré de demostrarlo a continuación.

En primer término, un elemento que desmerece su posición es el hecho -incuestionable e incuestionado- de que entregó los bultos «en mala condición» (con embalaje roto algunos, deficiente otros y con distintas cintas); extremo éste que, de suyo, hace presumir que el transporte fue cumplido de manera irregular. Y una semana después de concluido el viaje, las partes realizaron una revisación bilateral (conf. fs. 32), donde se dejó constancia del faltante hallado en los cajones, individualizados con las siglas: Po 1993/13-1, Po 1993/13-2 y Po 1993/13-3 (los que contenían equipos de radio), según constancia de la factura comercial cuya autenticidad admitió el a quo, sin agravio sobre este punto en alzada.

Y la existencia de ese faltante se ratifica con la liquidación de averías de fs. 28/31 donde se especifica, con más detalle que sólo faltaron 159 equipos de comunicación.

Innecesario deviene recordar que esta sala, en múltiples ocasiones, ha asignado al informe del liquidador de seguros cierto valor probatorio, particularmente corroborante, en razón de que al tiempo de su intervención los intereses de la compañía de seguros y del consignatario no son coincidentes (conf. causas 2683 del 5/6/1984 y 6496 del 11/4/1989, entre muchas otras).

Media, pues, prueba directa emanada del transportista, (fs. 65 y 67) y prueba corroborante de un funcionario del seguro (fs. 219/224) concordantes con la circunstancia de que algunos bultos fueron recibidos «en mala condición» (como antes se indicó), según los informes de EDCADASSA, antes citados.

Asimismo, es exacto que, de cuerdo a la guía aérea, los 73 bultos pesaban bruto 3544,2 kgs. y que al ingreso a depósito fiscal su peso era superior: 3549 kgs. y 1,700 kgs.. Sin embargo, si bien se observa, esa diferencia apenas alcanza al 0.19 % y es público y notorio que tan escaso porcentaje es comúnmente fruto del uso de diferentes balanzas, y que no excusa, en absoluto, el faltante comprobado por el perito Apella en el dictamen de fs. 252/254, de manera que la apuntada diferencia pudo existir sólo numéricamente y no en la realidad física. De allí que, aunque en otros casos la coincidencia del peso ha sido factor decisivo para el rechazo de la demanda, en el sub iudice se impone una solución distinta:

1) porque el dato de los pesos pierde, en gran medida trascendencia, cuando la mercadería es entregada, -como en el caso- en «malas condiciones» (por «J-diferentes cintas», «B-embalaje diferente» y «A -embalaje roto»: conf. actas de condición de fs. 65 y 67); 2) porque el a quo otorgó valor de prueba a la factura comercial y a la lista de empaque, y estos asertos -dotados de verdadera importancia en autos- no fueron objeto de crítica alguna por parte de la recurrente; 3) porque, partiendo de la factura y de lo verificado a fs. 32, se comprobó el faltante de los equipos de comunicación contenidos en las cajas Po 1993/13-1, Po 1993/13-2 y Po 199/13-3 (coincidente con el que acusaba la factura); y 4) porque la mencionada merma fue verificada, asimismo, por el liquidador de averías (fs. 28/31), cuyo informe no se halla desprovisto de proyección probatoria eficaz, según la jurisprudencia antes recordada.

Lo expuesto basta para tener por acreditados los materiales desaparecidos.

6.- Relativamente a la moneda de condena -en divisas, pesos, aplicación del CER, etc.-, su planteo en alzada por vez primera obsta a su examen por esta sala (art. 277, CPCCN) y deberá, en todo caso, ser objeto de debate bilateral y con participación del Ministerio Público en la instancia de origen.

Voto, en suma, por la confirmación de la sentencia apelada; con costas a las recurrentes vencidas.

Los Dres. Marina Mariani de Vidal y Eduardo Vocos Conesa, por razones análogas a las aducidas por el Dr. Ricardo G. Recondo, adhieren a las conclusiones de su voto. Con lo que terminó el acto.

2º instancia.- Buenos Aires, marzo 4 de 2003.-

Considerando: Por lo que resulta del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada, con costas a las recurrentes vencidas (art. 68, párr. 1, del CPCCN).

Determinado que fuere el monto por el que en definitiva prospera la demanda en concepto de capital e intereses (ver fallo plenario «La Territorial de Seguros S.A. c. STAF», del 11/9/1997), según liquidación firme, el tribunal procederá a examinar los recursos interpuestos en materia de honorarios y efectuará las regulaciones correspondientes a los trabajos de alzada. Regístrese, notifíquese y devuélvase.- R. G. Recondo. M. Mariani de Vidal. E. Vocos Conesa.

«Ganadera Argentina S.A. c/ Aerolíneas Argentinas»

CNCiv. y Com. Fed., en pleno, 06/08/91

2º instancia.- Buenos Aires, 6 de agosto de 1991.-

En virtud de lo dispuesto en el art. 298 del Cód. Procesal y con sujeción a la votación efectuada el día 21 de mayo de mil novecientos noventa y uno (v. acta de fs. 197). En ella se estableció, mediante la mayoría integrada por los doctores Farrell, Craviotto, Quintana Terán, Vocos Conesa, Mariani de Vidal, Amadeo, Bulygin y Vázquez, que, el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el transportista, no es susceptible de impedir que opere el plazo de caducidad que contempla el art. 29 de la Convención de Varsovia de 1929 (ley 14.111).

Por la minoría, votó el doctor Pérez Delgado.

La mayoría, estimando que el voto del doctor Vocos Conesa da adecuada respuesta a la cuestión, considera suficiente su reproducción en términos generales. En consecuencia, fundamenta su decisión del siguiente modo:

I. La única cuestión que se trae a alzada radica en determinar si el plazo del art. 29 de la convención de Varsovia de 1929 (ley 14.111), aplicable en la especie por tratarse de un transporte que tuvo su punto de partida en Estados Unidos (que no ratificó el Protocolo de La Haya de 1955 -ver doctrina de la causa 2281 La Aseguradora Río de la Plata Cía.de Seg. c. Avión vuelo 700/17, del 28/10/83-) se interrumpe o se suspende por el reconocimiento de responsabilidad efectuado por la transportista.

Adviértese, por lo pronto, que el plazo del citado art. 29 es de «caducidad» y no de prescripción, tal como lo reconocen ambas partes y surge, por lo demás, de los trabajos preparatorios de la Convención que en el texto originario reemplazaron la palabra «prescripción» por el vocablo «déchéance (caducidad) -ver, al respecto, L. Castelli, «La caducidad en el derecho aeronáutico», caps. IV y VI, en LL 1988-C, 805/812-. En igual sentido se pronunció la Corte Suprema in re Sud América T. y M. Cía. de seguros c. S.A.S. Scandinavian A.S. sent. del 13/12/88 (confr. LL 1989-B, 371).

Tratándose de un plazo de caducidad, se juzga en concordancia con la opinión mayoritaria de la doctrina que las causales de suspensión o interrupción de la prescripción no juegan. Así lo recordó la sala II, siguiendo el primer voto del doctor Quintana Terán, en la causa 5198 Shahinian, Vartan y otra c. Air France del 24/5/77, con cita de numerosos autores (confr. J. J. Llambías, «Tratado de Derecho Civil – Parte General», t. II, núm. 2149, p. 724, 4ª ed.; G. A. Borda, «Tratado de Derecho Civil Argentino – Obligaciones», t. II, núm. 1161, p. 107; L. M. Rezzónico, «Estudio de las obligaciones en nuestro derecho civil», t. 2, ps. 1207 y 1212, 9ª ed.; L. de Gásperi y A. M. Morello, «Tratado de Derecho Civil», t. III, núm. 1444, p. 401; G. P. Chironi y L. Abello, «Trattato di diritto civile italiano», Torino 1904, t. I, p. 692; E. Gianturco, «Sistema di diritto civile italiano», t. I, p. 246, nota 4, Nápoli 1894, 2ª ed.; C. Fadda y P. E. Bensa en su anotación a Windscheid, «Diritto delle Pandette», t. IV, p. 587, Torino 1930; G. Mirabello, «Della prescrizioni», núm. 203, p. 377, Nápoli Torino 1915, 2ª ed.; N. Coviello, «Manuale de Diritto Civile Italiano», p. 478, 3ª ed., Milano 1924; M. Planiol, G. Ripert y J. Radouant, «Tratado práctico de Derecho Civil francés», La Habana 1936, trad. de M. Díaz Cruz, t. VII, núm. 1402, p. 741; L. Da Cunha Goncalves, «Tratado de Direito Civil», Coimbra 1931, núm. 420, p. 679; G. Giorgi, «Teoría delle obligazioni», t. VIII, núm. 255, ps. 337/38; Firenze 1906; J. Castán Tobeñas, «Derecho Civil Español, común y foral», t. I, ps. 332/333, 6ª ed., Madrid, 1943, etcétera).

Es que, como señaló la Corte en el precedente antes invocado (LL 1989-B, 371/373), la caducidad es un modo de extinción de ciertos derechos en razón de la omisión de su ejercicio durante el plazo prefijado por la ley o la voluntad de los particulares; plazo que no se suspende ni se interrumpe y después del cual no pueden hacerse valer derechos. Por ello, el alegado reconocimiento de la responsabilidad carece de incidencia, según lo señaló el Alto Tribunal, sobre el plazo fijado por la Convención de Varsovia para intentar la acción, desde que con reconocimiento o sin él el art. 29 de dicho texto internacional prevé que «bajo pena de caducidad, la acción de responsabilidad deberá intentarse dentro del plazo de 2 años a partir de la llegada al punto de destino o desde el día en que la aeronave debiera haber llegado o de la detención del transporte». Y parece claro que el término «acción» está diciendo de modo inmediato y directo «demanda judicial», la que debe ser ejercida ante los tribunales que establece el art. 28 del Convenio.

Cuadra añadir que la doctrina de la Corte, que se comparte, es defendida en nuestro país por F. Videla Escalada (ver su nota a fallo «La caducidad en el Convenio de Varsovia de 1929», en ED, 7251, del 31/5/89) y por L. Castelli (v. «La caducidad en el derecho aeronáutico», LL 1988-C, 805).

Por lo expuesto, considerando que la aeronave llegó a su punto de destino el 15 de abril de 1982 y que la demanda sólo fue promovida el 12 de abril de 1985, débese juzgar cumplido el plazo de caducidad de 2 años que contempla el art. 29 de la Convención de Varsovia, teniendo en cuenta que no concurre en la especie una situación de reconocimiento doloso, o maniobras dilatorias o un supuesto de abuso del derecho.

Por ello se propicia que la sentencia de la sala II sea confirmada.

II. En cuanto a las costas del recurso, considérase que la cuestión en análisis configura un supuesto subsumible en las previsiones del art. 68, 2ª parte, del Cód. Procesal. Se pondera al respecto las discrepancias doctrinarias existentes sobre el punto, por manera que cabe imponer dichos accesorios en el orden causado.

Los doctores Bulygin y Vázquez dijeron: Más allá del término «caducidad» empleado por la norma al intentar desentrañar su alcance y naturaleza, debemos reconocer las dudas a las que nos induce el art. 29 de la Convención de Varsovia de 1929 (ratificada por la ley 14.111), en lo tocante a si se trata verdaderamente de un plazo de caducidad o de prescripción. En el caso de esa norma la ya por cierto siempre difícil distinción entre caducidad y prescripción, puesto que (como lo dice Tomás Hutchinson en «La acción contenciosoadministrativa – Pretensiones – Plazos», ps. 69 y sigts. Buenos Aires, 1981), ambos institutos responden conceptualmente al mismo supuesto de hecho que es la inactividad en el ejercicio del derecho o de la potestad jurídica durante un tiempo prefijado. Pero mientras la «caducidad, originada en el vencimiento del plazo para accionar por vía judicial» (ya que existen otras caducidades que deben distinguirse de la que aquí tratamos: como caducidad de un acto jurídico, caducidad de una concesión, del plazo de un contrato, etc.), «extingue el derecho; la prescripción sólo extingue la acción dejando el derecho subsistente». Esta simplificación de ambos institutos a la que adherimos merece la acotación de que no es pacífica, ya que existen autores de gran predicamento que sostienen que ambas extinguen el derecho, que se pierde por inactividad del titular (Spota, Alberto, «Tratado de Derecho Civil Argentino-Parte General», t. I, vol. 3, p. 648, Buenos Aires 1959). No obstante entendemos que ése es el punto de arranque de la distinción o mejor dicho de las consecuencias que diferencia a las 2 figuras y que parte a nuestro criterio de la premisa que en uno está interesado en el orden público, mientras en la prescripción lo es más el interés de los particulares; de ahí que ésta se puede suspender, interrumpir, renunciar y que incluso operada, la obligación subsista como natural.

Es evidente que en ambos casos existe un interés social sobre la estabilidad y certeza jurídica: pero es en la caducidad donde esa importancia es más acentuada y de ahí el mayor énfasis puesto en la extinción de toda situación de duda, que se trasluce en plazos normalmente más cortos: siendo, como reiteradamente se ha dicho, sus términos fatales, improrrogables, perentorios, de orden público y no graciables.

Así planteado el tema corresponde volver a nuestras primeras palabras, referidas a las dudas que esta situación suscita a nuestro entendimiento. Ellas consisten primero en el «plazo de dos años» fijado para intentar la acción; éste es un plazo que coincide más por su extensión con una prescripción, v.g. art. 4037 del Cód. Civil, aunque con éste se diferencia porque se refiere a la acción por responsabilidad aquiliana; asimismo otros institutos más análogos al caso de autos, que se relacionan al concepto de transporte marítimo o fluvial (y que la ley 11.718 ha extendido a todo tipo de transporte terrestre), como el art. 855 del Cód. de Comercio, que determina el plazo de 2 años, como prescripción para estos casos; y concretando más aún, el Código Aeronáutico en su art. 228 lo fija en un año, siendo éste también de prescripción, para el transporte de mercaderías. Vemos así que existen en materia de prescripción, plazos similares y aún inferiores al de la Convención de Varsovia que regula la caducidad. Entonces, si frente a ello tenemos que una de las características, si no obligatoria, cuanto menos frecuente de la caducidad, es que sus términos se cuenten por plazos muy breves, incluso por días (v.g. art. 149 que también establece plazos de caducidad, referentes a la llegada de mercadería a destino) o a lo sumo por meses. A ello debemos agregar el segundo planteo, consistente en el hecho de que esta Convención rija para un contrato de transporte aéreo: contrato que reviste una especialidad propia dentro del régimen contractual. Tal especie regula contratos de derecho privado (incluso aunque la transportista pueda ser en muchos casos sociedades o empresas del Estado o públicas, empresas mixtas, etc., de los Estados o altas partes contratantes), que norma el acuerdo entre la transportista y el particular co-contratante. Esos contratos deben obligatoriamente sujetarse tanto en su forma cuanto en su parte sustantiva a la regulación legal.

Frente a ello, debemos computar entonces, que por un lado nos encontramos ante una responsabilidad de origen contractual, revistiendo tal convenio la modalidad indicada para esa especie; y por otro lado que esa responsabilidad se rige por normas de orden público obligatorias para las altas partes contratantes según surge de la Convención de Varsovia, ratificada por la ley 14.111. Así entonces compartimos la doctrina en que apoya su posición nuestro distinguido y apreciado colega doctor Vocos Conesa y de las restantes citas que efectúa en su apoyo. Nos encontramos, pues, frente a una norma que regula la caducidad con todo lo que esta figura implica; en el caso de autos que el reconocimiento de su responsabilidad cuyo cómputo del plazo comenzó con la llegada de la aeronave el 15 de abril de 1982, mientras el pretendido reconocimiento fue efectuado por el transportista entre los días 3/5/82 y 14/4/83, o sea contando desde el último, más de 11 meses antes de que la caducidad se produjera. Sin embargo la actora inició la acción el día 12/4/85, es decir, mucho después de vencido el plazo de caducidad; ello es demostrativo de que no ha existido en el sub lite ninguna causal (v.g. fraude, abuso de derecho, etc.) que pudiera justificar la aplicación de otra norma jurídica que la que constituye la materia en estudio.

Este reconocimiento como plazo de caducidad es el que prevalece en la doctrina y jurisprudencia comparada, como puede extraerse de la sentencia pronunciada por el Tribunal de Gran Instancia de Bouneville, en los autos Consorts Montant c. Guiron Helicop-Air y otros el 24 de junio de 1970, en el que se expresó que no deben quedar dudas de que se trata de un plazo de caducidad y no de prescripción, porque del examen de los trabajos preparatorios del Convenio resulta que el texto original del anteproyecto del mismo que preveía un plazo de prescripción susceptible de ser suspendido o interrumpido, fue modificado por pedido de la delegación italiana a la Conferencia de Varsovia con el fin de evitar los problemas referentes a la interrupción y a la suspensión de la prescripción, estableciéndose un plazo de caducidad con la intención de que el mismo no pudiera ser interrumpido por ninguna otra causa que la acción de responsabilidad intentada por el damnificado o sus derecho-habientes, como la que se trata en este plenario. En concordancia con lo dicho, como lo señala Héctor A. Perucchi en su obra «Prescripción Comercial y Aeronáutica», p. 76, señala que el texto del art. 29 del Convenio en análisis utiliza la palabra caducidad y no prescripción por un sentido muy especial, sentido que continúa siendo receptado en la Conferencia de La Haya (1955) y en la Conferencia de Guatemala (1971) que dio origen al Protocolo modificatorio.

Además está la interpretación dada por la Corte Suprema en los autos Sud América T. y M., Cía de seguros c. S.A.S. Scandinavian A.S., al decir que de acuerdo a lo previsto por el art. 29 de la Convención de Varsovia expresamente se considera que el plazo para promover la acción de responsabilidad es de caducidad y no de prescripción; independientemente que la caducidad aunque guarde semejanzas con la prescripción, es una institución diferente; es un modo de extinción de ciertos derechos en razón de la omisión de su ejercicio durante el plazo fijado por la ley o la voluntad de los particulares. Y es doctrina universalmente admitida que la caducidad no está sujeta a interrupción ni a suspensión ya que se aplica a pretensiones para cuyo ejercicio se señala un término preciso, por lo que nacen originariamente con esa limitación de tiempo en virtud de la cual no se pueden hacer valer una vez transcurrido el plazo respectivo (LL 1989-B, 371, fallo del 13/12/88).

Consecuentemente, como hemos sostenido en la sala que integramos (causas 6531 del 24/4/91; 7579 del 26/4/91; 6832 del 28/5/91, entre muchas otras), que en tanto que la doctrina del Tribunal Superior si bien sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces tienden, entre otras razones -por economía procesal- y cuando ello no choque con un criterio muy importante o con principios superiores, a conformar sus decisiones a aquéllas (art. Fallos 220:335; 307:1094 -LL 1986-A, 179-) por cuanto por disposición dela Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprematiene autoridad definitiva para la justicia de la República (Fallos 212:51 -LL 54-307-). Procede entonces en casos como el sub lite, admitir sobre la base de la congruencia con los otros considerandos anteriores, esa doctrina del Alto Tribunal, por ser ella aplicable al caso, que a lo sumo como se dijo, nos había traído una fuerte duda, pero duda al fin, la posición sostenida por el doctor Pérez Delgado, tal vez por ser jurídicamente más flexible. Pero frente a la interpretación de la ley y la doctrina de la CSJN ya citada, que como se dijo en tanto no afecte intereses superiores debe ser acatada en todo su imperativo legal, nos determina también a sostener para el caso de autos, la doctrina que entiende, que el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el transportista, no es susceptible de impedir que opere el plazo de caducidad que contempla el art. 29 de la Convención de Varsovia de 1929.

Por la minoría, el doctor Pérez Delgado dijo: El tema en análisis nos suscitó una profunda reflexión cuando se planteó en una causa análoga (me refiero a la núm. 9595, El Plata, S.A. Arg. de Seg. c. Varig, fallada el 26/12/80; citada por la actora en su recurso de fs. 164/166); y en esa oportunidad, con mis queridos amigos y colegas con quienes integraba la sala I, doctores Muzio y Arana Tagle, llegamos a la conclusión de que el reconocimiento del derecho debía producir los mismos efectos que la demanda judicial y, por consiguiente, impedía la caducidad por el transcurso del plazo bienal del art. 29 de la Convención de Varsovia de 1929.

Creo que, por esa razón, me limitaré a condensar las ideas que expusimos en dicho precedente, las que fueron expresadas en el voto del doctor Muzio.

Recordamos entonces las enseñanzas de F. Laurent, quien refiriéndose a la interrupción de la prescripción, pero con fundamentos que son igualmente aplicables a la caducidad, expresaba que «si aquél en provecho del cual la prescripción corría, reconoce el derecho del propietario o del acreedor, ya no puede haber cuestión de prescripción. El reconocimiento o la confesión es, pues, el más eficaz de los modos de interrupción civil; la demanda judicial es tan sólo la exteriorización de una pretensión que puede no ser fundada o no producir la interrupción si la demanda es rechazada; mientras que el reconocimiento pone término a toda contestación sobre la existencia del derecho reconocido, desde el momento mismo en que se efectuó» («Principes de Droit Civil Français», num. 120, p. 127, 1878. En análogo sentido, L. Guillouard, «Traité de la prescription», t. I, num. 245, p. 221, 1900). Es de toda lógica, entonces, que si la demanda tendiente a obtener el reconocimiento judicial del derecho impide la caducidad, el reconocimiento mismo que presta el deudor produzca con mayor razón tales efectos, desde que suple la declaración judicial que en tal sentido se persigue con la demanda.

Esta solución encuentra apoyo en parte de la doctrina nacional (A. G. Spota, «Tratado de derecho civil», Ed. Depalma, t. I, vol. 3 (10), num. 2275, p. 668, Buenos Aires, 1959; Ed. Galli, en Salvat-Galli, «Obligaciones en general», 6ª ed., Ed. Tea, t. III, núm. 2312a. y nota614 a) Buenos Aires, 1956) y tiene su raíz en un prestigioso sector de la doctrina clásica, que cuando se trata de la caducidad excluye la aplicación de las causales de suspensión –por la índole personal de éstas–, pero sostiene en cambio que son aplicables las causas de interrupción (C. Aubry y C. Rau, «Cours de Droit Civil Français», t. VIII, parag. 771, p. 428, París, 1878), solución ésta que fue propiciada tanto en el Anteproyecto de Bibiloni, como en el Proyecto de la Comisión de 1936 (J.A. Bibiloni, «Anteproyecto de Reformas al Código Civil Argentino», t. VII, ps. 19 y 20, Bs. As., Ed. Valerio Abeledo, 1932; y Reformas al Código Civil, t. I, p. 36, Bs. As., Ed. G. Kraft Ltda., 1936.

Cabe señalar que si la razón de haber preferido un plazo de caducidad y no de prescripción (como lo regula el Código Aeronáutico: art. 228) responde a la idea de privilegiar el particularismo del transporte aeronáutico, caracterizado por su celeridad y la necesidad de que el transportador aéreo conozca cuanto antes cuál es la situación realmente configurada en cada caso, tales propósitos no quedan vulnerados por la solución que propicio, pues una vez que media un reconocimiento expreso de la responsabilidad, al transportador sólo le resta la obligación de cumplir con el pago de la indemnización adeudada, cuya ejecución no difiere entonces de la de cualquier deudor corriente; de tal modo que ya no concurren razones que justifiquen aplicar rigurosamente un instituto aniquilador del derecho con la consecuente imposibilidad de invocar esa causal de interrupción.

En tales condiciones, acordar al reconocimiento el señalado efecto interruptivo importa elegir, de entre 2 soluciones posibles (recuérdese que nos movemos en un terreno puramente doctrinario donde las opiniones distan de ser unánimes), aquella que privilegia el mantenimiento del derecho y de la acción y que, consecuentemente, se compadece con la interpretación restrictiva que corresponde asignar tanto a la prescripción como a la caducidad.

En mérito a estas razones, dejo fundado el voto que emití en el acto de fs. 197, sosteniendo que el reconocimiento de responsabilidad del transportador aéreo debe ser equiparado, en cuanto a sus efectos, al inicio de la acción prevista en el art. 29 de la Convención de Varsovia de 1929, debiendo correr a partir de dicho reconocimiento el plazo bienal a que se refiere esta norma.

En virtud de lo que resulta de la votación oportunamente efectuada y de los fundamentos volcados precedentemente se establece como doctrina legal la siguiente: «El reconocimiento de responsabilidad efectuado por el transportista, no es susceptible de impedir que opere el plazo de caducidad que contempla el art. 29 de la Convención de Varsovia de 1929 (ley 14.111), salvo que se produjera una situación de reconocimiento doloso, o maniobras dilatorias o un supuesto de abuso del derecho.- A. R. Vázquez. E. Bulygin. E. D. Craviotto. O. D. Amadeo. E. Vocos Conesa. M. D. Farrell. M. Mariani de Vidal. G. Quintana Terán. J. G. Pérez Delgado.

«Nastasi, Grace Jane E. c/ Aerolíneas Argentinas S.A.»

CSJN, 16 de octubre de 2002

Opinión del Procurador General de la Nación: CONSIDERANDO:

I- La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó la decisión del Juez de grado que hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa por haberse operado –según el magistrado interviniente- la caducidad de la acción de responsabilidad intentada (v. fs. 281/282).

Para así decidir, desechó los argumentos del apelante relativos a que el inicio de la mediación –como mecanismo previo obligatorio a la demanda judicial- habría producido efectos suspensivos. Sostuvo, en cambio, que, si bien ello es así respecto de la prescripción (conforme al artículo 29 de la ley 24.573), no () lo es en el caso de autos pues el plazo previsto en el artículo 29.1., de la Convención de Varsovia, es de caducidad y no de prescripción. Manifestó, además, que el trámite de mediación no puede asimilarse a la acción de responsabilidad prevista en los artículos 28 y 29 del Convenio mencionado, toda vez que esta última requiere un reclamo concreto ante el órgano jurisdiccional para que resuelva el conflicto suscitado, mientras que aquélla sólo constituye una etapa previa a todo juicio.

Añadió que resultaba aplicable al caso, el plenario de esa Cámara dictado en la causa»Ganadera Argentina SA c. Aerolíneas Argentinas», y lo expresado por la misma Sala en un fallo posterior que refiere.

II- Contra este pronunciamiento, la actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 285/294 vta., que fue concedido a fs. 307 por la Sala aludida.

Alega que la mediación constituye un reclamo concreto ante el órgano jurisdiccional, desde el momento que la misma se inicia ante la Excma. Cámara, sorteándose el Juzgado que debe intervenir, lo que permite afirmar que implica la promoción de la acción, habida cuenta –además- la amplitud de criterio con que se ha entendido el término demanda.

Por otra parte –prosigue-, conforme lo establece el artículo 29.2, de la Convención de Varsovia, el modo de calcular el plazo de caducidad se determina de acuerdo con la ley del tribunal competente, lo que significa que dicho modo de cálculo, debe ser compatible con esa ley, y, en consecuencia, no puede ignorarse que la norma local (ley 24.573) ha instaurado la mediación como trámite previo obligatorio. Por lo tanto –afirma-, considerarla como el ejercicio de la acción de responsabilidad a que alude la Convención, importa armonizar el modo de computar el plazo, con nuestra legislación.

Aduce que el juzgador invocó precedentes jurisprudenciales que tratan supuestos distintos al de autos, pues no pueden asimilarse los efectos de un reconocimiento de responsabilidad, ni de un peritaje previo a la iniciación de la demanda –especie de prueba anticipada-, al trámite obligatorio de la mediación.

Expresa que la afirmación de la Cámara acerca de que no se aplican al plazo de caducidad las causales de suspensión o interrupción, se trata de un principio doctrinario sin sustento legal; e, invocando doctrina nacional, asevera que la obligación de recurrir a la mediación, configura un impedimento jurídico para iniciar la demanda, de donde se desprende el efecto suspensivo de la misma.

III- El recurso extraordinario interpuesto, resulta procedente toda vez que en autos se discute el alcance de normas contenidas en un tratado internacional amparado por el artículo 31 de la Constitución Nacional, del cual el Estado Argentino es parte en mérito a la ley federal que lo ha aprobado, y el fallo recurrido ha sido contrario al derecho que invoca el apelante (Fallos 306:1805, 1861; 315:2706, entre muchos otros).

Como se ha visto en la reseña que antecede, la cuestión a dilucidar es, si el término de caducidad para intentar la acción de responsabilidad, establecido por el artículo 29 de la Convención de Varsovia, se ha suspendido con motivo del trámite de mediación promovido por la actora.

A mi modo de ver, como bien lo señaló la apelante, cabe tener presente que el apartado 2º de la norma internacional citada, establece que el modo de calcular ese plazo se determinará de acuerdo con la ley del tribunal competente, y, atento a ello, a los fines de la dilucidación de la controversia, corresponde aplicar el artículo 29 de la ley local 24.573, de mediación y conciliación, que, no obstante referirse a la mediación como suspensiva del plazo de la prescripción (el subrayado me corresponde), considero razonable extender, en estos casos, sus efectos al término de caducidad.

En efecto, V.E. tiene dicho que la caducidad «… es un modo de extinción de ciertos derechos en razón de la omisión de su ejercicio durante el plazo fijado por la ley o la voluntad de los particulares» (doctrina de Fallos: 311:2646). Trasladando esta definición al sub lite, resulta lógico y justo interpretar que, si para el ejercicio de esos derechos, la ley del tribunal competente impone la mediación como paso previo obligatorio e ineludible, este trámite constituye una causal de suspensión de hecho y de derecho del plazo, ya que impide, mientras no haya sido concluido, la interposición de la demanda. Ello importa, en otras palabras, que suspende el plazo establecido por la Convenciónpara que opere la caducidad, pues no se trata de una omisión, sino de una prohibición de accionar durante ese lapso. Esta exégesis, es consonante con el pensamiento de autores nacionales que han manifestado que, frente a la sanción de la ley 24.573, el criterio doctrinario que sostiene la inaplicabilidad de la suspensión a los plazos de caducidad debe necesariamente ser revisado. Armoniza, además, con las razones que prestan sustento a precedentes jurisprudenciales del Tribunal que han establecido que debe entenderse por demanda toda presentación judicial que traduzca la intención de mantener vivo el derecho de que se trate (v. doctrina de Fallos: 312:2134, entre otros), y que han determinado, asimismo, que, en caso de duda, debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho (v. doctrina de Fallos: 312:2352; 318:879; 323:192).

En el caso de autos, el vuelo en el que se produjo el hecho que dio origen a las actuaciones, arribó al punto de destino el día 29 de marzo de 1997 (v. fs. 10 y 31 vta.), iniciándose el trámite de la mediación el día 26 de marzo de 1999 (v. fs. 1 y 4), es decir, tres días antes de que venciera el término de dos años establecido por el artículo 29 dela Convención de Varsovia para intentar la acción, bajo pena de caducidad. El acta de finalización de la mediación es de fecha 30 de noviembre de 1999 (v. fs. 4 y 39 «in fine»), por lo que, conforme lo establecido por el artículo 28 del decreto 91/98, reglamentario de la ley 24.573, el cómputo del término se reanudó después de veinte días corridos desde aquella fecha, es decir, el día 21 de diciembre de 1999, fecha en que fue interpuesta la demanda a las 9,16 hs. (v. fs. 34 vta.), de todo lo cual, resulta que fue deducida en término.

Por todo lo expuesto, opino que corresponde declarar procedente el recurso extraordinario, revocar la sentencia apelada y disponer vuelvan los actuados al tribunal de origen para que prosigan las actuaciones según su estado.- Buenos Aires, 22 de febrero de 2002.- N. E. Becerra.

Buenos Aires, 16 de octubre de 2002.-

Vistos los autos: «Nastasi, Grace Jane E. c. Aerolíneas Argentinas S.A. s. daños y perjuicios».

1°) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia de la instancia anterior por la cual se decidió que la acción promovida por la actora estaba alcanzada por la caducidad prevista en el art. 29.1. de la Convención de Varsovia de 1929, modificada por el Protocolo de La Haya de 1955. Para así resolver, ponderó el tribunal a quo que la actora había presentado la «demanda» vencido el plazo de dos años establecido por dicho acuerdo internacional para promover «la acción de responsabilidad» contra el transportador aéreo, y que ese plazo no se había visto interrumpido por la presentación de la mediación obligatoria regulada por la ley 24.573.

2°) Que contra esa decisión la actora interpuso recurso extraordinario que fue concedido (fs. 285/294 y 307). Entre otros argumentos, el remedio federal se refiere a la interpretación que corresponde asignar a la expresión «acción de responsabilidad» contenida en el art. 29.1. citado. Sostiene que la Convención de Varsovia – La Haya no utiliza la palabra «demanda» sino que emplea la expresión «acción de responsabilidad», concepto mucho más amplio que el de demanda, pudiendo ser previa al acto de iniciación del proceso, o sea, a la demanda. A partir de ello, concluye que la iniciación del trámite de mediación, como mecanismo obligatorio previo a la demanda judicial, implicó la promoción de la acción, la cual, entonces, no se encuentra alcanzada por caducidad alguna.

3°) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible, pues se encuentra en tela de juicio la exégesis y aplicación de una norma contenida en un tratado internacional y el fallo recurrido ha sido contrario a las pretensiones del apelante (art. 14, inc. 3, ley 48; Fallos: 311:2646; 315:2706; 323:3798; entre otros).

4°) Que esta Corte ha decidido en Fallos 311:2646 («Sud América T. y M. Cía. de Seguros S.A. c. S.A.S. Scandinavian A.S. s. cobro)», que el plazo del art. 29.1 de la Convención de Varsovia de 1929, modificada por el Protocolo Adicional de La Haya de 1955, no es de prescripción sino de caducidad y que, por tanto, no es susceptible ni de interrupción ni de suspensión. Por ello, el único modo de evitar la caducidad que sobreviene cuando se agota tal plazo, consiste en cumplir el acto impeditivo expresamente previsto por el acuerdo internacional, es decir, la promoción de la acción de responsabilidad. Y, en este último sentido, señaló el Tribunal en el precedente citado que el hecho impeditivo de la caducidad está «… constituido únicamente por la demanda…» (considerando 3° in fine) y que «… no puede sostenerse que el ejercicio de la acción de responsabilidad no equivalga a la promoción de la demanda judicial, o que quepa una acción no ejercida judicialmente, pues semejante aserto choca con el concepto mismo de acción y con el propio texto de la convención, cuyo art. 28 establece ante qué tribunales debe ser ejercida, eliminando toda hipotética duda acerca de qué se entiende por acción en los términos del acuerdo internacional…» (considerando 4°).

5°) Que si bien en la interpretación efectuada por este Tribunal –cuando todavía no estaba vigente la ley de mediación obligatoria 24.573- sólo la promoción de la demanda impide la caducidad, cabe observar que la locución «demanda» admite una interpretación amplia, comprensiva de toda actuación judicial que implique el ejercicio de la acción de responsabilidad a la que alude el art. 29.1. de la Convención de Varsovia – La Haya.

Que, desde esa perspectiva, el formulario que obra a fs. 1 referente a la iniciación de la mediación obligatoria previsto por el art. 4 de la ley 24.573, presentado ante el tribunal competente, y en el que claramente se distingue un reclamo de la actora por resarcimiento de daños y perjuicios dirigido contra la transportista aérea por un monto indeterminado, evidencia el ejercicio de la acción de responsabilidad prevista por el citado texto internacional, pudiendo ser tenido lato sensu como la demanda judicial a la que se aludió en Fallos: 311:2646.

A lo que cabe añadir que el propio art. 4 de la ley de mediación obligatoria califica a dicho formulario como la actuación a través de la cual el reclamante formaliza su «pretensión ante la mesa general de recepción», expresión que inequívocamente pone de manifiesto lo expuesto en el sentido de que en él está presente el ejercicio de la acción de responsabilidad que obra como hecho impeditivo de la caducidad de que se trata.

6°) Que, por lo demás, si por hipótesis se entendiera que la iniciación de la mediación obligatoria no pone en juego la «acción de responsabilidad» mencionada por el art. 29.1. de la Convención de Varsovia – La Haya, habría de concluirse que el acreedor no goza de todo el plazo de dos años establecido por tal precepto, pues una porción de él se vería consumido por el cumplimiento de los pasos propios del procedimiento regulado por la ley 24.573, llegándose, entonces, a un resultado insostenible, como es que por imperio de una norma interna se restrinja el plazo para el ejercicio de un derecho consagrado por un tratado internacional (art. 31 de la Constitución Nacional).

7°) Que, en las condiciones que anteceden, toda vez que el formulario de fs. 1 se presentó tres días antes de vencer el plazo de dos años establecido por el art. 29.1. dela Convención de Varsovia – La Haya, corresponde concluir que la acción promovida en autos no ha caducado.

Por ello, y oído el señor Procurador General de la Nación, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia y, en los términos del art. 16 de la ley 48, se ordena que las actuaciones prosigan según su estado. Notifíquese y remítase.- J. S. Nazareno. E. Moline O’Connor. C. S. Fayt. A. C. Belluscio. E. S. Petracchi (según su voto). A. Boggiano. G. A. F. López. G. A. Bossert. A. R. Vázquez.

Voto del Dr. Petracchi

Considerando: Que la disidencia que formulé en Fallos: 311:2646, por remisión al dictamen de la señora Procuradora Fiscal, estaba relacionada con los alcances del reconocimiento de la transportista de su responsabilidad, como hecho impeditivo de cualquier caducidad, criterio que no fue el aceptado por la mayoría del Tribunal. En efecto, ésta sostuvo que el aludido «hecho impeditivo» estaba únicamente constituido por la demanda.

Que en autos lo que está en juego es el alcance de la locución «demanda» a que aludió esta Corte en Fallos: 311:2646, por lo que mi citada disidencia no influye en la solución del caso. Hecha esta salvedad, adhiero al voto de la mayoría.

Por ello, y oído el señor Procurador General de la Nación, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia y, en los términos del art. 16 de la ley 48, se ordena que las actuaciones prosigan según su estado. Notifíquese y remítase.- E. S. Petracchi.